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La Corte esconde sus gastos millonarios por 5 años, usa de pretexto la “seguridad”

Información sobre contratos, facturas por alimentos o viáticos, modelos de vehículos adquiridos, sus costos y cantidad. También estudios y procedimientos internos, o asuntos judiciales como proyectos, informes, dictámenes o demandas: todo ha sido considerado como reservado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo con datos obtenidos por Excélsior, 162 respuestas a solicitudes de información, entre 2015 y 2018, se mantendrán bajo llave por decisión de los integrantes del Comité de Transparencia del máximo tribunal del país.

Por ejemplo, un solicitante pidió facturas de alimentación, hospedaje, viáticos y transportación de los 11 ministros de la SCJN, pero dichos datos fueron clasificados como reservados por cinco años con el argumento de que “al permitir establecer indicadores de costumbres se pone en riesgo la integridad y seguridad de los ministros, quienes son titulares del Poder Judicial de la Federación, y con ello la seguridad nacional”.

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El lapso de clasificación para esta solicitud concluirá el 21 de junio de 2021 “en la inteligencia de que dicho plazo podrá concluir previamente, en el caso de los ministros cuyo periodo constitucional concluya antes de esa periodicidad”.

Suprema Corte tira casa por la ventana y reservan datos

Con el pretexto de proteger la seguridad de los ministros, la Suprema Corte ha determinado guardar información relacionada con la labor de los jueces.

Información sobre contratos, facturas por alimentos o viáticos, modelos de vehículos adquiridos, sus costos y cantidad, estudios y procedimientos internos, así como asuntos judiciales como proyectos, informes, dictámenes o demandas han sido consideradas como reservadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo con datos obtenidos por Excélsior, un total de 162 respuestas a solicitudes de información, entre 2015 y 2018, se mantendrán como reservadas por decisión de los integrantes del Comité de Transparencia del máximo tribunal del país.

El proceso es el siguiente: tras analizar las preguntas realizadas por la ciudadanía sobre diversos aspectos que marcan la vida de la Corte, Alejandro Manuel González, secretario Jurídico de la Presidencia; Constancio Carrasco Daza, magistrado y titular de la Unidad General de Enlace con los Poderes Federales y el contralor, Juan Claudio Delgado Ortiz Mena, definen cuál información reservar y cuál no.

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Por ejemplo, un solicitante pidió la información sobre las facturas de alimentación, hospedaje, viáticos y transportación de los 11 ministros que integran la SCJN.

Dichos datos fueron clasificados como reservados por cinco años.

Para mantener la información bajo llave se argumentó que “al permitir establecer indicadores de costumbres, se pone en riesgo la integridad y seguridad de los ministros, quienes son titulares del Poder Judicial de la Federación, y con ello la seguridad nacional”.

El plazo de clasificación concluirá el 21 de junio de 2021 “en la inteligencia de que dicho plazo podrá concluir previamente, en el caso de los ministros cuyo periodo constitucional concluya antes de esa periodicidad”.

En 2016 hubo una serie de contratos por parte de la Dirección General de Recursos Materiales de la Corte que fueron clasificados por cinco años a partir del 11 de enero de 2017, pues la documentación “tiene relación directa con la infraestructura y servicios de la Firma Electrónica de SCJN, poniendo en riesgo los datos personales de las personas a las que se les asignó dicha firma”.

Sobre la cantidad de vehículos blindados y costo de blindaje de los mismos, entre los años 2012 a 2016, el Comité de Transparencia determinó la reserva completa de la información hasta el 11 de septiembre de 2021.

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“La divulgación de la referida información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo, tanto a la seguridad nacional como al interés público, en tanto que a partir de su conocimiento público es posible afectar las estrategias para garantizar la seguridad de los titulares de la SCJN y, por ende, la estabilidad de la institución a la que corresponden las funciones de órgano de cierre del Sistema de Administración de Justicia del Estado Mexicano”, se argumentó.

Durante los últimos años, Excélsior ha documentado información sobre el ejercicio de la transparencia al interior del máximo tribunal del país como el que, en la última década, la Corte ha gastado un millón 648 mil 706 pesos en champaña, brandy, cerveza, coñac, tequila, whisky y otras bebidas alcohólicas.

También los argumentos para la inhabilitación por un año de Alberto Villa Dávalos, exdirectivo del Canal Judicial, por introducir y consumir cocaína, así como bebidas alcohólicas, en su lugar de trabajo.

Otro caso fue que, en los últimos dos años, y en tiempos de austeridad en el Poder Judicial, la SCJN erogó 13 millones 728 mil 432 pesos para la realización de los dos primeros encuentros internacionales Juzgando con Perspectiva de Género.

O que una medalla de plata, cuyo costo fue de 170 mil 409 pesos, fue entregada por la Corte, el Día de la Mujer, a la ministra en retiro, Victoria Adato Green.

De igual forma cuando, para celebrar los 75 años de la inauguración de su sede, la SCJN tiró la casa por la ventana e hizo un gasto de, al menos, cuatro millones y medio de pesos para los principales festejos.

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