Estado de México

Juez anula Notarías que Eruviel Ávila repartió entre amigos y familiares en Edomex.

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En vista de que en su época de gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila hizo notario hasta a su chofer, el titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Eutimio Ordóñez Gutiérrez echó para atrás los 12 nombramientos que entregó a familiares y personas cercanas.

Ordóñez declaró inconstitucionales esas 12 notarias provisionales que fueron entregadas el 14 de julio de 2017, a personas que no cumplían los requisitos del artículo 11.

El 14 de julio de 2017, el entonces gobernador del Estado de México designó a 12 notarios provisionales que no cumplían con los requisitos del artículo 11.

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Al resolver el amparo 1202/2017, el impartidor de justicia consideró que las reformas a la Ley del Notariado del estado que faculta al gobernador para designar notarios es discriminatoria, contrario a derechos fundamentales y que ninguna de las personas a quienes se las adjudicaron cumplen requisitos legales para el nombramiento.

En este sentido, el juez federal concedió la protección de la justicia federal a María Teresa Hernández Mejía, aspirante a notaria en esa entidad, contra los artículos 13, último párrafo, y 14 de la Ley del Notariado del Estado de México, que se modificaron mediante el decreto de reforma 119 publicado en el periódico oficial de la entidad el 6 de septiembre de 2017, y su aplicación a través de 12 acuerdos generales en los que el gobernador designó notarios provisionales.

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Entre los 12 notarios provisionales que nombró Eruviel se encuentran el ex Secretario de Finanzas y de Infraestructura de Eruviel, Erasto Martínez Rojas; lo mismo que Francisco Xavier Borrego, quien fue vicepresidente jurídico de Grupo Salinas, y el hijo del Gobernador priísta de Guerrero, Héctor Astudillo, por mencionar algunos.

La sentencia señala que la quejosa, Hernández Mejía, cuenta con interés legítimo, al reunir los requisitos que establece el artículo 11 de la referida ley y tener reconocido el carácter de aspirante a notaria, lo que genera el derecho a concursar en exámenes de oposición para ser designada con tal cargo y a ser considerada en caso de que se elija a un notario provisional.

En la sentencia se declaró expresamente la inconstitucionalidad de las normas reclamadas y de todas sus consecuencias. Se señaló a las autoridades responsables tomar en consideración que la norma transmitió un mensaje discriminador y contrario a derechos fundamentales que no podría ser aplicado a la quejosa.

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Ante esto, para resarcir a la solicitante en sus derechos fundamentales violados (igualdad, trabajo y acceso a cargos públicos), se impuso al gobernador a requerir a la quejosa los documentos con los que acredite su carácter de aspirante a notaria, examinarlos y de igualar o superar las aptitudes de los terceros interesados, designarla notaria y en el futuro darle un tratamiento igual a éstos.

Hay que decir que la sentencia no es definitiva, las partes pueden impugnarla a través del recurso de revisión que, en su caso, deberá ser resuelto por un Tribunal Colegiado de Circuito.

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Con información de Notricracia.

 

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