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Ex secretaria en el sexenio de Salinas, recibe contratos millonarios del NAIM sin licitar.

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FOTO DE INTERNET

En 1990, la entonces titular de la Secretaría de la Contraloría, María Elena Vázquez Nava se vio envuelta en un escándalo de presunto encubrimiento. La revista Proceso detalló que la encargada de esa dependencia –creada por el ex Presidente Miguel de la Madrid Hurtado para combatir la corrupción– supo de supuestos actos ilícitos cometidos por el almirante Mauricio Scheleske Sánchez, quien fue titular de la Secretaría de Marina durante los dos primeros años del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y no procedió para acusarlo.

“Su sobrino lo denunció en la Contraloría, pero ésta no actuó”, tituló en portada el semanario dirigido por Julio Scherer García. El texto narra las causas de la renuncia del General del Gabinete salinista. Una versión de esa renuncia, cita el semanario, aludió a “motivos personales”, pero la investigación periodística dice que a Schleske se le halló en posesión de dos residencias en Houston, Texas, valuadas en 350 mil dólares cada una y ninguna de las dos estaba incluida en su declaración patrimonial.

Hay un segundo episodio, posterior al del sobrino de Schleske.

El analista político y periodista, Martín Moreno, escribió en agosto de 2013, en su espacio de SinEmbargo, que a la fiscal anticorrrupción del Gobierno de Salinas de Gortari, quien era “los ojos, oídos y la buena conciencia de una administración que entonces el mundo admiraba”, le llegó a su escritorio un archivo con montos, lugares, fechas y nombres.

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Luego llevó ese archivo a Los Pinos. El Presidente Salinas lo tomó, lo leyó: era el expediente de Raúl, su hermano. Ahí se describían los montos, lugares, fechas y nombres de una red de corrupción que armó dentro del Gobierno federal.

“El Presidente recibió, en silencio, las pruebas de la corrupción de su hermano –hermano de sangre, hermano de aventuras–, tan comprometedoras como contundentes. Dio media vuelta y se marchó. No se despidió de la contralora.

“Horas después, Vázquez Nava fue llamada a la oficina de Raúl Salinas. Al verla de frente sacó el mismo expediente que la Contralora le había entregado al Presidente de la República, lo azotó sobre el escritorio y furioso le gritó:

“–¡¡¡Qué es esto, hija de la chingada…!!!

“Poco tiempo después, a Vázquez Nava le fue solicitada su renuncia.

“Y Raúl siguió haciendo negocios”, escribió Martín Moreno.

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Sobre ese episodio abunda una nota publicada en El Universal el 2 de noviembre de 1999, con la única declaración que rindió Vázquez Nava sobre el tema en el Ministerio Público, el 8 de diciembre de 1995.

La entonces ex funcionaria federal dijo que ella sólo se enteró de rumores sobre el hermano del ya entonces ex Presidente y las actividades irregulares.

No existían denuncias, pero le propuso a Carlos Salinas separar del cargo a su hermano; también dijo que se hicieron revisiones pero que no encontró los elementos necesarios para fincar el delito.

Esos dos momentos fueron parte importante y marcaron tanto a la administración de Carlos Salinas de Gortari como a María Elena Vázquez, quien hoy se mantiene como un referente de transparencia y rendición de cuentas.

Cuando Salinas de Gortari terminó su administración en 1994, su panorama político no era positivo. Había presión por parte del entonces Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León por el deterioro económico que había heredado, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), las preguntas sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, y las promesas de modernidad –rotas por una crisis financiera que surgió de México y contagió al mundo– del modelo neoliberal instaurado en su totalidad por Salinas.

Pero Vázquez Nava no supo de esas presiones.

Un año después de dejar el Gabinete salinista fundó Vázquez Nava y Consultores SC, despacho que mantiene en operación hasta la fecha.

En los últimos 12 años, el despacho de la economista y actual Presidenta del Patronato de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha conseguido 38 contratos por parte de los gobiernos federales en turno, por un monto de 244 millones 009 mil 174 pesos.

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Conocedora de las leyes y reglamentos de obra pública y de adquisiciones –porque participó en su elaboración desde el Gobierno federal–, Vázquez Nava –quien se caracteriza por su discreción y por no figurar en los medios, ni siquiera en registros fotográficos– no fue a concurso por ninguno de esos 38 contratos, ya que se le otorgaron por la vía Adjudicación Directa o por el rubro de Invitación a cuando menos Tres Personas. Los datos citados comienzan en 2006, ahí empieza el registro de contratos en Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).

El artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público indica que las entidades del Gobierno pueden contratar adquisiciones y arrendamientos y servicios sin sujetarse a la licitación pública en varios casos. Uno de ellos es cuando se pone en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) alertó en un reciente informe que la utilización de este modo de contratación [en el que no se compite con otras empresas] debiera ser excepcional y no predominante y señala que la causa por la que en esta administración federal se incrementó el uso de la Adjudicación Directa se debe a una omisión por parte de las unidades de vigilancia y a que resulta más fácil una Adjudicación Directa que un concurso público ya que no hay nadie que castigue esa irregularidad.

LA MUJER QUE LLEGÓ Y SE QUEDÓ

En un texto de Mireya Cuéllar, publicado en año 2000 en La Jornada, quedó grabado el nombramiento de María Elena.

En el texto se cuenta el camino de las mujeres en el terreno de la política, y del tiempo y circunstancias que les fueron abriendo de a poco espacio en puestos públicos. Carlos Salinas, con María Elena Vázquez Nava, había acabado con el llamado “club de Tobi”.

“Carlos Salinas fue un paso más: incluyó a María de los Ángeles Moreno en Pesca y a María Elena Vázquez Nava en la Contraloría”, consignó la periodista.

De acuerdo con el libro Nuevoleoneses en los gabinetes presidenciales de Héctor Jaime Treviño Villarreal, María Elena pasó a la historia como una de las primeras mujeres en ocupar un puesto de tal magnitud y haber concluido el sexenio salinista fue un mérito extra. Fueron 20 años como servidora pública.

De acuerdo con su currículum, participó en la elaboración de las leyes y reglamentos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y servicios y asesoró a gobiernos estatales en la estructuración del marco regulatorio en materia.

Previo a la llegada de Enrique Peña Nieto a Los Pinos, diversas agencias de noticias comenzaron a detallar la cercanía del entonces candidato con el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari.

En medio de eso se habló de “un grupo” compacto que Salinas formó en su paso por la Secretaría de Programación y Presupuesto y, luego, en la Presidencia –a la que llegó en 1988– y sobre los que, se dice, aún tiene influencia.

Entre ellos estaba María Eleva Vázquez Nava: “de perfil público discreto, fue titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación durante los seis años de la administración salinista. En la actualidad ejerce una creciente influencia mediante su despacho Vázquez Nava y Consultores, creado en 1995”.

Ese grupo continuó con la cimentación de un sistema que concentró la riqueza en un puñado, apuntalado por lo que la investigadora Alejandra Gaitán Barrera llamó “una fiebre privatizadora y el proyecto nacional neoliberal”.

El despacho de Vázquez Nava se especializa en el área de transparencia, rendición de cuentas, cierres de administración, evaluación de políticas públicas, contratación pública, financiamiento público y proyectos de energía e infraestructura.

El servicio se contrata, como ocurrió en 2013 en Tijuana, Baja California, para realizar una revisión del gasto a fin de evitar observaciones al término de la administración y lograr aprobaciones en las auditorías.

A la par, con su puesto de Presidenta del Patronato de la UNAM, participa directamente en la administración del patrimonio universitario, de los recursos ordinarios y extraordinarios y de su vigilancia y control del ejercicio presupuestal. Esa figura también tiene la responsabilidad de formular el presupuesto general anual de ingresos y egresos, así como las modificaciones que haya que introducir durante cada ejercicio y gestiona los incrementos del patrimonio universitario y el aumento de los ingresos de la Institución.

LOS CONTRATOS Y SU EXPERIENCIA

Antes de ser Contralora, fue Coordinadora General de Modernización, Directora General de Normatividad de Obras Públicas, Adquisiciones y Bienes Muebles ambas con el Presidente Miguel de la Madrid. También ocupó puestos en el Banco de México (Banxico), en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en Petróleos Mexicanos (Pemex) y Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. La relación laboral con Carlos Salinas inició cuando él estaba en la Secretaría de Programación y Presupuesto, junto con Pedro Aspe Armella.

Y la mayoría de los contratos que ahora tiene su despacho se relacionan con los rubros en los que ella estuvo: energía e infraestructura.

Su proyecto principal actual es el NAIM, de donde ha recibido tres contratos por un monto total de 119 millones 835 mil pesos. Por ninguno de los tres tuvo que concursar, ya que dos de ellos se le entregaron por Invitación a Tres personas y uno más fue por Adjudicación Directa.
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La transparencia del proyecto estrella de la administración peñista ha sido criticada por organizaciones civiles y académicos. La organización Poder encontró que cerca del 90 por ciento de los contratos han sido entregados vía Adjudicación Directa y no por concurso como las autoridades han señalado, entre ellos los que beneficiaron al despacho Vázquez Nava.

También se hizo cargo de la auditoría a la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro en la que había resultado ganador un consorcio en el que figuraba el empresario Armando Hinojosa Cantú, pero que cuatro días después del fallo fue cancelado por el propio Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Con el escándalo de la “casa blanca” de la familia presidencial, la SCT tuvo que solicitar una auditoría para revisar tanto el proceso de licitación de ese tren como de la cancelación. El despacho encargado de hacerla fue el de Vázquez Nava y el resultado de dicha revisión fue que se trató de un proceso que se apegó a la Ley “con medidas innovadoras de transparencia”.

En 2016 trabajó para la administración del entonces Gobernador de Veracruz, el priiista Javier Duarte de Ochoa.

El contrato que celebraron ese Gobierno estatal y el despacho fue para el último año de la administración de quien hoy está tras las rejas, y fue para la instrumentación del Programa Integral de Cierre de la Administración Pública Estatal 2010-2016. Para ese último año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró un desfalco por 3 mil 057 millones de pesos.

El daño al erario de toda su administración fue de 61 mil millones de pesos, según la ASF.

Tanto de la auditoría contratada por la SCT como la auditoría a la administración de Duarte, no se conocen los precios.

De acuerdo con los contratos contenidos en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), el despacho de Vázquez Nava se nutre, principalmente, de dinero de la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, sitios en los que la funcionaria también trabajó hace más de tres décadas

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Con información de sinembargo

 

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