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Exgobernador priista de Nayarit es llamado a juicio político

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El juicio político tienen la finalidad de sancionar administrativamente.

Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit, fue acusado presunto desvío de recursos de al menos 2 mil 700 millones de pesos, así como los delitos de manejo indebido de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y cohecho, por lo que enfrenta un juicio ante el Congreso local.

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Este miércoles la Comisión de Justicia y Derechos Humanos inició el procedimiento para enjuiciar al exmandatario, así como a dos exintegrantes de su gabinete y cuatro miembros del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del estado.

El diputado panista, Javier Mercado, quien presidió la Comisión, señaló que el juicio político tiene la finalidad de sancionar administrativamente con la destitución o inhabilitación del cargo a dichos funcionarios, y no para eliminar el llamado fuero.

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Detalló que en el estado de Nayarit ya no existe el fuero, debido a que en la pasada Legislatura fue aprobada una iniciativa para quitar el fuero, por lo que en este momento cualquier ciudadano puede demandar juicio político a aquellos exfuncionarios públicos hasta un año después de que hayan concluido su mandato.

Además del exmandatario Roberto Sandoval Castañeda, a los ex titulares de la Secretaría de Administración y Finanzas y de la Contraloría General de Gobierno, Mario Alberto Pacheco Ventura y Luis Antonio Apaseo Gordillo también se les iniciará un juicio político por ser los presuntos responsables de desviación y manejo indebido de recursos públicos.

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Asimismo, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, Catalina Ruiz Ruiz, Agustín Flores, Raymundo García Chávez y Jesús Ramírez de la Torre, fueron acusados de presunto ataque a las instituciones democráticas, usurpación de atribuciones, omisiones de carácter grave y violaciones sistemáticas o graves de planes, programas y presupuestos de la administración estatal.

A partir de hoy el Congreso del estado tiene un año para sancionar, declarar improcedente o no sancionar a los servidores públicos acusados. Una vez iniciado el procedimiento se turna el caso a una comisión instructora, integrada por cuatro diputados de diferentes grupos parlamentarios, quienes someterán su decisión al pleno del Congreso, para avalar o no el dictamen.

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Con información de El Universal

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