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Internacional

Ante la Corte Interamericana, el Gobierno mexicano admite culpa en caso Atenco

peña chong videgaray
FOTO DE INTERNET

En el segundo día de la audiencia realizada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde 11 mujeres acusaron de tortura sexual al Estado mexicano por lo ocurrido durante un operativo policial en San Salvador Atenco en 2006, el gobierno admitió su responsabilidad de lo ocurrido, no obstante, aclaró que los hechos no se suscitaron en un contexto de tortura generalizada.

El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas explicó que en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución sobre el operativo ocurrido en el 3 y 4 de mayo del año mencionado y explicó que “la decisión por parte del Estado para enviar la fuerza fue justificada legalmente.

La decisión de emplear la fuerza del Estado en los hechos investigados se estima justificada legalmente debido a que se actuó, primero en cumplimiento de una resolución sobre la reubicación de comerciantes y, después, para restablecer el estado de derecho con motivo de que los inconformes habían bloqueado una carretera, retenido a servidores públicos y agredido a los elementos policiales con piedras, machetes, palos, bombas molotov, cohetones y un cañón de fabricación casera”.

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La abogada del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, Araceli Olivos hizo énfasis al inicio de la audiencia en que el Gobierno mexicano rechazó la existencia de tortura como una práctica sistemática.

La experta en leyes pidió a la Corte que se ordene una investigación sólida donde se reconozca que las mujeres afectadas, lejos de ser criminales han tenido que sufrir violaciones de derechos humanos cometidas por todos los órdenes de gobierno.

La litigante explicó que “las once mujeres acuden hoy ante esta Corte para solicitar medidas en tres rubros fundamentales para ellas: verdad, justicia y no repetición. Queremos ser muy enfáticas en decir que la impunidad fomenta la repetición. Ayer pudieron escuchar a Claudia y Patricia Torres cómo cada vez que ocurren violaciones de derechos humanos esto les genera sentimientos renovados de impotencia y el dolor”.

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En 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible la queja, y en el 2015 fue aprobado el Informe de Fondo 74/15 que resolvió a favor de las denunciantes determinado que fueron víctimas de detención ilegal y arbitraria, tortura física, psicológica y sexual, y falta de acceso a la justicia.

Así mismo, el Estado mexicano fue exhortado por la Comisión a realizar una investigación profunda que identifique y sancione en distintos grados de responsabilidad a los culpables.

Cabe destacar que en julio pasado la CIDH determinó que el Estado mexicano no ha podido avanzar en las recomendaciones hechas en torno al caso, por lo cual se remitió a la Corte Interamericana, instancia internacional facultada para emitir sentencias vinculatorias.

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Con información de Milenio Y elmananerodiario.com

 

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